trabajadores migrantes que malviven en Apulia y Almería
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De Borgo Mezzanone en el sureste italiano a Atochares en Almería, miles de personas se encuentran en situación de infravivienda en asentamientos informales distribuidos a lo largo de Europa. La mayoría trabaja en el sector agrícola por debajo del salario mínimo y no cuenta con agua potable a su alcance.
Un camión cisterna articulado arrastra dos pesados bidones entre los campos de trigo que rodean Manfredonia (provincia de Foggia), en la región que forma el “talón” de la bota de Italia: Apulia. Acqua Potabile, puede leerse en letras azul brillante en su parte trasera. Cuando finalmente se detiene y el conductor comienza las maniobras de descarga, un hombre joven observa de forma impaciente. El camión rellena un total de tres contenedores, “aunque uno está roto, gotea, pero lo hacemos igualmente, cada dos días” explica el operario. Tan pronto como el vehículo sigue su camino, el hombre a la espera se apresura a recargar de agua la garrafa que ha sostenido en sus manos todo este tiempo. Es un día cualquiera en Borgo Mezzanone, el asentamiento informal más grande de Europa.
Poco a poco, le seguirán el resto de los aproximadamente 4.000 residentes: en su mayoría, trabajadores migrantes originarios de África subsahariana. Todos cargan garrafas de distintos colores y tamaños. Algunos se aprovechan de medios de transporte más creativos para transportarlas, como un carrito de bebé. Enmarcando esta escena, miles de viviendas improvisadas con chapa, cemento y plástico. También comercios: restaurantes de distintos países en los que los carteles dan la bienvenida en inglés, francés e italiano; grupos de hombres frente a coches con el capó abierto, realizando labores de reparación, cambiando ruedas de bicicletas, mujeres mayores descansando en sillas de terraza.
La mayoría de los residentes están empleados en el sector agrícola. “La Capitanata”, nombre con el que se conoce esta región agrícola del sureste italiano, se precia de ser una de las áreas más importantes de Europa en términos de producción de “oro rojo” (por la “cantidad y calidad” de los tomates cultivados). Durante el día, Borgo esparce sus residentes entre distintas fincas de la campaña de Foggia, donde el verano pasado se alcanzaron temperaturas por encima de los 40ºC. La urgencia climática motivó a la organización sindical FLAI-CGIL a presionar a los territorios para que implementaran una ordenanza que protegiera a los jornaleros, prohibiendo trabajar en las horas pico de calor. Sólo tres regiones lo llevaron a cabo, entre ellas, Apulia, donde se registraron dos casos de trabajadores agrícolas fallecidos en condiciones de estrés térmico.
Sobre las 13h, la calma de Borgo se interrumpe con el sonido que llama al rezo a la comunidad musulmana. La voz que suena es la de Hakim* (48 años, originario de Tema, Ghana), que también trabaja como peón agrícola. “En verano hace muchísimo calor. Es como el desierto en África. Las casas están hechas de chapa, es imposible vivir aquí”, explica en inglés, “todo el lugar apesta… Sabemos que es un ghetto, pero qué menos que sea un ghetto limpio”. Recientemente, relata, Manfredonia (localidad a la que pertenece el asentamiento) se negó a retirar las montañas de basura que lo rodean alegando que no estaban separadas respetando los criterios de reciclaje.
Borgo Mezzanone no es un caso aislado. Millones de personas viven en condiciones de infravivienda en asentamientos informales repartidos a lo largo y ancho del continente. En las últimas décadas, Italia y España se han disputado el título de “puerta de entrada” irregular a Europa. Calabria, Sicilia y, dentro de esta última, especialmente la isla de Lampedusa, suelen ser las primeras destinaciones que alcanzan las embarcaciones. Este fue precisamente el caso de Karim* (24 años, originario de Beni Mellal, Marruecos), que en 2009 llegó a Sicilia en patera. Con diez años de edad, se ganaba la vida con todo tipo de trabajillos, como limpiar los parabrisas cuando los coches se detenían en el semáforo. Llegó a España escondido en el techo de un camión cuando sólo era un niño. Hoy trabaja en los invernaderos de Almería y reside en el asentamiento informal de Atochares.
En 2021, asociaciones de Almería fijaban en mil el número de personas que residían en este asentamiento (se desconoce la cifra real, ya que, como en Borgo, muchos residentes no están empadronados). El primer Mapa Estatal sobre discriminación racial y/o étnica en materia de vivienda y asentamientos informales (2022) impulsado por CONVIVE Fundación Cepaim y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hablaba de hasta 129 asentamientos informales esparcidos en siete comunidades autónomas. Se estima que el total del país es superior a esta cifra. En el caso de Italia, según el Informe del Ministerio de Trabajo-ANCI sobre los asentamientos informales (2022), 38 municipios informaron de la presencia de 150 asentamientos informales o espontáneos no autorizados.
“Un asentamiento informal sigue siendo un asentamiento, donde la gente se aloja”, explica William Schabas, reputado abogado canadiense y experto en derecho penal internacional y derechos humanos, “Tienen derecho a una vivienda, y el derecho a la vivienda implica que sea una vivienda de calidad adecuada. Y es responsabilidad del Estado hacerlo. Si no están preparados para aceptar esa responsabilidad, no deberían haber ratificado el tratado”. España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1977. Italia, en 1978.
Nadie suministra agua potable al asentamiento de Atochares. El poblado cuenta con cuatro tomas de agua, que se consiguieron “tras mucho litigio con las autoridades municipales”
A diferencia de Borgo, nadie suministra agua potable al asentamiento de Atochares. El poblado cuenta con cuatro tomas de agua, que se consiguieron “tras mucho litigio con las autoridades municipales”, explica Ricardo Pérez desde la Asociación Por Derecho A Techo. Sin embargo, no puede beberse directamente de ninguna de ellas. En muchas ocasiones, los residentes de Atochares almacenan el agua en garrafas que encuentran en los alrededores de los invernaderos, y que previamente han almacenado pesticidas y otras sustancias. “El riesgo de intoxicación es enorme” afirma Fernando Plaza, enfermero y profesor de la Universidad de Almería.
La escasez de agua potable y fresca —o, en el caso de Atochares, la ausencia total— es especialmente significativa cuando se considera que la mayoría de los residentes de asentamientos de este tipo trabajan durante horas a pleno sol o en temperaturas muy elevadas. Las empresas que ofrecen agua para hidratarse a sus trabajadores son una rara avis. En las decenas de entrevistas realizadas con trabajadores de ambos países, no encontramos ni un caso de trabajador que ofrezca un testimonio contrario. En 2015, Hakim sostiene que en torno a 15 trabajadores fallecieron en las explotaciones agrícolas en los alrededores de Borgo Mezzanone. “Nadie tuvo que contármelo, yo estaba allí”, sentencia.
Jean-René Bilongo preside hoy el Observatorio de Agromafia Placido-Rizzotto del sindicato FLAI-CGIL, pero un día fue también migrante sin papeles y trabajador del campo. “Comparado con el resto de los asentamientos en Italia, Borgo Mezzanone es un hotel de tres estrellas”, sentencia desde su despacho en Roma. En Almería, Fernando Plaza asegura que ningún vehículo oficial de emergencia entraría en un asentamiento informal en caso de necesidad.
En la última campaña 2022-2022, Almería exportó un total de 2.864.211 toneladas de productos hortofrutícolas (valorado en 3.701,5 millones de euros, situándose a la cabeza de Andalucía, cuyo total de exportaciones hortofrutícolas se valoró en 5.539 millones de euros en los diez primeros meses de 2022). En el caso de Apulia, esta cifra se fijaba en 1.016,6 millones de euros para 2022, con Foggia situándose entre las principales provincias en términos de relevancia en exportaciones. Cientos de empresas en ambas regiones reciben cada año medallas y reconocimientos al trabajo sostenible y la excelencia laboral. La realidad que rodea a las regiones, sin embargo, son miles de trabajadores en situación irregular, trabajando durante jornadas interminables, que no reciben el salario mínimo y se exponen a temperaturas extremas, sin recibir en la mayoría de los casos agua para hidratarse por parte de las empresas.
Ser trabajador agrícola migrante durante veranos cada vez más extremos
Sólo hay una casa en Borgo Mezzanone con aire acondicionado, o al menos, eso afirma con orgullo su dueño. El aparato es un cachivache lleno de polvo y con algunos cables visiblemente sueltos, pero consigue mantener la casa de Moussa un par de grados más fresca que las de sus vecinos. “Todos los demás no pueden quedarse en el interior en verano”, afirma.
Moussa (en la treintena, originario de Mali) llegó a Italia en 2008. Parte de nuestro equipo lo conoció hace unos meses, en el primer encuentro con Borgo Mezzanone. Ya no vive en el asentamiento, ha conseguido un trabajo estable en el norte de Italia donde comparte una casa con un par de amigos, pero hoy está de visita y nos recibe con entusiasmo. Aprovechamos esta segunda cita en junio para continuar una vieja conversación sobre su equipo desde que llegó a Italia: el Inter de Milán. “Ya has visto que al final el Nápoles ha ganado la Serie A”, le bromeamos, “pero quién sabe, a lo mejor el Inter gana la Liga de Campeones”. Moussa sonríe y saca de su mochila un pequeño marco de madera. Dentro hay una foto descolorida del Inter de Mourinho, la del Triplete, con Zanetti en la esquina inferior izquierda luciendo el brazalete de capitán, inmortalizado con el resto del equipo sobre el césped del Bernabéu, momentos antes de la final de 2010. “Volví a Foggia a por él”, explica Moussa, “siempre lo llevo conmigo”.
Hasta el verano pasado, Moussa trabajó de forma estacional en viñedos y otras explotaciones de cultivo intensivo. De acuerdo a la ley italiana, sus turnos no deberían haber excedido nunca las seis horas y 40 minutos. Asegura que, por regla general, su jornada siempre excedió esta cifra. El trabajador maliense explica que muchas empresas animan a los jornaleros a trabajar durante más horas de lo establecido en sus contratos y fijado por ley, incluso en los días más calurosos del verano, sin proporcionarles agua o lugar de sombra y descanso. Se trata de una práctica habitual en los campos de Apulia, junto al hecho de que los jornaleros no tengan pausas programadas. “Para los italianos sí, pero no para los africanos”, dice Moussa, citando lo que en el pasado escuchó en boca de su encargado.
El año pasado, Samba tuvo que estar dos meses hospitalizado por problemas respiratorios derivados del uso de sulfatos y pesticidas sin las medidas de protección necesarias. “Las condiciones en las que estamos viviendo aquí son muy difíciles”
“Es muy raro encontrar a un español en un invernadero, muy raro”, afirma Samba* (46 años, originario de Senegal). Nos recibe en su casa en Roquetas de Mar (Almería), junto a su mujer y sus dos hijas. El trabajador explica que cuando las temperaturas comienzan a aumentar en los meses de primavera y verano, a partir de las diez y media de la mañana, el calor dentro de un invernadero es insoportable. “Cada verano escucho que, al menos, una persona muere por calor dentro de los invernaderos”, sentencia.
El año pasado, Samba tuvo que estar dos meses hospitalizado por problemas respiratorios derivados del uso de sulfatos y pesticidas sin las medidas de protección necesarias. “Las condiciones en las que estamos viviendo aquí son muy difíciles”, explica el trabajador senegalés, “por eso la mayoría de la gente no quiere traer a su familia aquí. Imagínate estar con tu familia aquí, sufriendo. Sólo trabajando, con una nómina que no es suficiente”.
Pasaron diez años hasta que Karim pudo volver a Marruecos y ver de nuevo a su familia. A la vuelta, la policía de Almería le retiró su permiso de estancia en España tras comprobar que había comprado su contrato de trabajo. “A veces, hay jefes por aquí a los que tienes que pagarles tú, por trabajar,” explica. Hoy se considera “afortunado”, pues la mayoría de las personas que viven en Atochares trabajan en condiciones aún más precarias. Trabaja “sólo” (en sus propias palabras) siete días a la semana, una media de ocho horas al día, por seis euros la hora. La cantidad que recibe se encuentra por debajo del salario mínimo por hora (fijado en 8,28 euros por el Estatuto de los Trabajadores). Pero Karim insiste en que las cosas podrían ser peores. “Mi jefe, él es bueno, si tú quieres te hace el contrato gratis”.
Explotación laboral, trabajo informal y crimen organizado
Son las seis de la mañana en la localidad almeriense de Campohermoso. Decenas de trabajadores esperan en la rotonda de entrada a la ciudad a que uno de los empleadores las “elija” para trabajar en el invernadero durante esa jornada. Trabajadores de la zona confirman que, de este modo, ni se firma contrato ni se cotiza a la Seguridad Social. La remuneración que se recibe también se aleja del salario mínimo. En Almería, las bicicletas también son para el verano. No todos los trabajadores cuentan con un coche propio o pueden desplazarse en el vehículo de su encargado. Muchos de ellos eligen desplazarse en bicicleta o patinete, práctica que se vuelve más arriesgada en los meses estivales, con veranos más y más extremos y este último habiendo sido el más cálido de la historia de ambos países.
A principios del siglo XX, este mismo mecanismo propició el nacimiento del caporalato en Italia. El término hace referencia a un sistema ilegal de contratación y oferta de transporte en el negocio agrícola del país, vinculado de forma directa con el crimen organizado. Antiguamente, los “caporali” recogían a los trabajadores en las rotondas, como en Almería. Décadas de experiencia han dado lugar a un sistema refinado y en red. Hoy los “caporali” son a quienes los jornaleros (especialmente, aquellos de origen migrante) acuden en busca de trabajo, así como transporte para llegar a las fincas. A cambio, se llevan una generosa comisión del sueldo de cada persona. Aunque el caporalato y el crimen organizado como tal son sistemas distintos, casi siempre están entrelazados.
Según el último informe del Observatorio de Agromafia Placido-Rizzotto, en 2019, la economía sumergida representaba más del veinte por ciento del total facturado en agricultura en Italia. Cuatro años más tarde, la Unidad de Investigación Antimafia italiana subraya que el fenómeno se ha extendido todavía más en Foggia, donde la delincuencia organizada impone a las empresas agrícolas de forma cada vez más agresiva que elijan su mano de obra (a menudo trabajadores inmigrantes sin papeles), sus medios de transporte y sus “medios de protección”.
Un futuro incierto
Los miembros de estas distintas generaciones de trabajadores agrícolas, que recogen los productos que cada día llenan las estanterías de nuestros supermercados, no saben qué les deparará el futuro. Karim (24), el más joven de todos ellos, sueña con el día en el que volverá a Bena Millal a visitar a su madre. “La última vez cogí un avión hasta Casablanca, por sorpresa, y la llamé mientras estaba en la cocina, cuando me dijo que me echaba de menos respondí ‘mira detrás de ti’”, recuerda con una sonrisa. Planes para cuando consiga tener sus papeles en regla.
Moussa, que ha conseguido regularizar su situación en Italia, nos escribe una semana después de nuestro encuentro en el día de la final de la Liga de Campeones, durante el calentamiento previo al partido de Inter contra el Manchester City. Dos palabras: “Ciao, vinceremo?” (“¿Hola, ganaremos?”). Al final su equipo pierde, pero él, quizás, después de 15 años en Italia, logró ganar.
En Almería, Samba (47) se conforma con saber que sus hijas tendrán un futuro mejor que el suyo, y no contempla volver a Senegal. Hakim (48), el más veterano, pierde por un segundo la hipnotizante autoridad de su voz cuando piensa en volver a Tema, su ciudad natal. Nos habla del puerto en el que creció, junto al puesto de pescado de su madre, y sus ojos reflejan el azul del Atlántico Sur que baña el Golfo de Guinea. “¿Volver? Sí, por qué no. Quizás algún día, volver”.